El sector agroalimentario constituye un ámbito de indiscutible relevancia económica, social y  estratégica, tanto a nivel europeo y nacional como para Castilla y León. Este complejo sector comprende la ordenación de aspectos jurídico-públicos como la regulación de la organización de los mercados agrícolas, o de la calidad y seguridad de los productos alimentarios y su control hasta su llegada al consumidor final. En este escenario normativo, que integra normas de origen europeo, nacional y autonómico, desarrollan su actividad económica los empresarios agroalimentarios. 

El Proyecto titulado competencia e innovación en el sector agroalimentario de Castilla y León está impulsado por el grupo investigador integrado en la UIC-276 de la Junta de Castilla y León y  centra su estudio en la actividad desarrollada por los empresarios agroalimentarios prestando particular atención a su condición de operadores en un mercado competitivo. Su referencia al sector autonómico permite proyectar el trabajo del equipo sobre los problemas de los operadores agroalimentarios del entorno cercano al desarrollo de la investigación, aunque no es indicativa de problemas diferentes a los que incumben al conjunto del sector en el ámbito nacional. La competitividad y la eficiencia son condiciones necesarias para cualquier operador con vistas a un adecuado posicionamiento en el mercado y, cualquiera que sea su territorio de implantación, necesitan ser impulsadas a través de la puesta en práctica de acciones y estrategias adecuadas que pasan por el conocimiento del significado y la óptima gestión de los recursos jurídicos dispuestos por el ordenamiento jurídico para fomentarlas. 

La innovación es, en el medio y largo plazo, un activo imprescindible para impulsar la competitividad.

En su dedicación a la innovación agroalimentaria, el proyecto centra su esfuerzo en el estudio, divulgación y asesoramiento a los operadores del sector sobre las distintas formas de proteger jurídicamente la innovación alimentaria a través de derechos de propiedad intelectual o de secretos comerciales con particular atención, pero no solo, a la protección de la innovación vegetal a través de nuevas obtenciones vegetales o, en su caso, de patentes. 

En estrecha conexión con lo anterior, el proyecto presenta una segunda línea de actuación que presta atención a las relaciones comerciales que se establecen entre los operadores que actúan en los distintos niveles de la cadena de suministro de productos alimentarios. Es sabido que los fuertes desequilibrios que afectan a estas relaciones conducen con frecuencia a la celebración de contratos alimentarios en condiciones que resultan abusivas o, cuando menos, muy desfavorables para una de las partes, especialmente en el caso de productores agrícolas. Esta desigualdad responde a causas diversas.  Alguna de ellas, como la pequeña dimensión de los operadores agrícolas, puede combatirse fomentando el asociacionismo agrario que permita fortalecer el poder negociador del sector primario. En este aspecto, el proyecto ofrece las claves jurídicas para facilitar el agrupamiento de los productores agrícolas que favorezcan la igualdad negocial con los potenciales compradores. 

Son también conocidos los intentos del legislador español, aunque hasta ahora claramente infructuosos, por reconducir las anomalías del funcionamiento de las relaciones comerciales de la cadena alimentaria a través de su regulación por la Ley 12/2013. En este concreto e importante aspecto, el proyecto analiza el nuevo marco normativo de las relaciones comerciales de la cadena alimentaria cuya última reforma, llevada a cabo en diciembre de 2021, llega en un momento especialmente delicado para el sector agroalimentario español. Estas relevantes modificaciones de la regulación de la cadena alimentaria han supuesto el endurecimiento de las obligaciones impuestas a los contratos alimentarios y el incremento del número de prácticas comerciales prohibidas por la Ley 12/2013 en las relaciones de suministro de productos agrícolas y alimentarios. La nueva regulación recoge otras medidas de gran relevancia económica y jurídica, como la obligación de pagar al proveedor del producto alimentario un precio que cubra, al menos, su coste de producción.

Las numerosas cuestiones que suscita la nueva regulación, las dudas sobre su efectiva implantación y sus efectos reales sobre el sector, son también objeto de análisis por los miembros del grupo investigador, tanto en encuentros focalizados en el tratamiento de problemas a través de la interactuación con concretos operadores, como desde un análisis integral de la reforma que permita detectar las fortalezas y debilidades del nuevo régimen jurídico sobre la competitividad nacional e internacional del sector agroalimentario español.